El
viernes 17 de noviembre se llevó a cabo en el Congreso de Jalisco el foro
“Sistema Nacional contra la Violencia y Alerta de Género”, en el que
participaron la Diputada Ciudadana local, Consuelo Robles, la Diputada
Ciudadana federal, Candelaria Ochoa, y la Directora General de Difusión de la
CONAVIM, Gretha Jimena Vilchis Cordero.
La
Doctora Consuelo Robles habló sobre la Alerta de Género:
“Tras declararse la Alerta de género se propuso por
parte del grupo multidisciplinario y aceptado por Gobierno del Estado, un instrumento
para hacer frente a la violencia impulsando una serie de acciones estratégicas. Una
de estas medidas tiene que ver con la armonización Legislativa, la cual nos
compete de forma directa y frente a este objetivo hemos identificado las
dificultades para conocer las cifras de la violencia en las mujeres, aún cuando
la alerta implica visibilizar y generar mayor conciencia”.
La
legisladora federal de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, hizo
mención de la iniciativa que presentó encaminada a fortalecer la Ley de Acceso,
con el fin de mejorar la atención a la alerta de violencia de género, la
cual pretendía subsanar algunos vacíos y obstáculos que actualmente
presenta dicha ley, y que consiste en que el Congreso de la Unión, pudiera declarar
la alerta de género por la interlocución que tiene con organismos civiles, sin
embargo, la propuesta fue rechazada, ya que la propia alerta está sumamente
partidizada y diputadas y diputados del PRI y PAN consideran que no hay que
declarar esas alertas en donde gobiernan.
Además,
la diputada ciudadana presentó un punto de acuerdo para exhortar a
los gobiernos estatales a alimentar el banco de datos denominado BANAVIM,
porque destacó que las cifras sobre feminicidio, no se dan a conocer.
Denunció
el doble discurso del Ejecutivo Federal que pregona la protección a las mujeres
y sin embargo el programa contra la violencia de género de la Secretaría de
Gobernación, tuvo una disminución tan importante en el presupuesto de egresos
2017.
Candelaria
Ochoa fue categórica al recomendar que se debe impulsar una política pública de
rendición de cuentas, deslinde de responsabilidades y su correspondiente
sanción a quienes por omisión, abuso o negligencia promovieran la impunidad en
el tema de violencia de género.
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