Durante
la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, el Diputado Hernán Cortés
Berumen, Vicecoordinador Jurídico del Grupo Parlamentario de Acción Nacional,
presentó iniciativa que tiene por cometido sancionar la venta de candidaturas
de los partidos políticos.
Lo anterior fue presentado como
acción legislativa, luego de que se conociera lo
sucedido en las pasadas elecciones, en el que el Partido Social Demócrata de
Morelos presuntamente habría pagado 7 millones de pesos al ex futbolista
Cuauhtémoc Blanco para postularlo por dicho instituto político y que actualmente
se encuentra en un proceso de investigación del propio Instituto Nacional
Electoral.
El
diputado federal blaquiazul indicó que el objeto de su iniciativa es
promover que los partidos políticos propongan candidatos con el perfil adecuado
cuya integridad esté a la altura de alguien que pretende representar a la
sociedad por medio de la elección a un cargo público, sin que medie pago
alguno, es decir, que la postulación se realice por voluntad y no por interés
económico.
La iniciativa presentada plantea sanciones
pecuniarias y penales, de hasta seis años de prisión, a quien o quienes
ofrezcan o acepten candidaturas a cambio de una contraprestación económica.
Cortés Berumen puntualizó
que “actualmente se vive una fuerte tendencia hacia la personalización de la
política, es decir, en la que el electorado decide votar tomando en
consideración quién es el candidato que se postula, más que el partido político
o la plataforma electoral que se propone”. Al respecto dijo que genera en los
institutos políticos una responsabilidad de buscar buenos perfiles; sin
embargo, no debe ser usado como negocio.
Finalmente dijo que
la reforma a los ordenamientos electorales responde a que en algunas ocasiones el
interés de partidos políticos de tener dentro de sus propuestas a ciudadanos
que por su fama, carisma, éxito económico y hasta por su físico para que les
“garanticen” el triunfo electoral y así
conservar su registro, conlleva que para obtenerlo se consiga a dicho candidato
mediante un pago, ya sea por parte de quien pretende ser postulado como
candidato, o por parte del partido político que busca postularlo, la reforma
planteada busca eliminar esta práctica que pudiera ser cada vez más recurrente.
La propuesta reforma la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley
General en Materia de Delitos Electorales y de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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