De nuevo en Tenacatica

Un nuevo capítulo de impunidad y arbitrariedad se registró el pasado viernes 02 de diciembre en la playa de Tenacatita, en donde dos propietarios hacían trabajos de limpieza en sus terrenos y fueron desposeídos de los mismos por elementos de la Fuerza Única, quienes no respetaron una suspensión provisional otorgada por el titular del Juzgado 7 de Materia Administrativa, contenida en el expediente 2899/2016, y con lujo de prepotencia expulsaron a los propietarios y su apoderado legal, Gerardo Fonseca Álvarez, aduciendo que recibieron órdenes “de la Fiscalía de Guadalajara”.

Se trata de los propietarios Albert Oliveros Gouveia y Lino Oliveros Gouveia, a quienes se les restituyo la posesión de los predios de su propiedad por la instancia jurisdiccional correspondiente con fecha 23 de abril de 2014 y 23 de enero del año 2015, respectivamente.

El viernes 02 de diciembre acudieron a cercar y limpiar los terrenos; previamente, ante la sospecha de que pudiesen ser obstruidos por autoridades de la Fiscalía, dados los antecedentes de prepotencia y arbitrariedad con que se conduce esta autoridad para favorecer a la Empresa Rodenas S.A. de C.V, los hoy desposeídos promovieron un amparo que les protegiese del actuar del Fiscal General del Estado, del Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y del Comisario Regional de la Fuerza Única de la Costa Sur de Jalisco.

El amparo les fue concedido y a la letra reza: “En razón de lo anterior, se concede a ALBERT OLIVEROS GOUVEIA Y LINO OLIVEROS GOUVEIA la suspensión provisional del acto reclamado…para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, no sean desposeídos de los siguientes bienes” y el ocurso continúa con la descripción de los predios.

Cabe recordar la lucha social y jurídica que integrantes de el Ejido “el Rebalse de Apazulco”, así como propietarios de inmuebles aledaños a las playas conocidas como El Coral y Tenacatita han librado desde hace años en contra de la empresa Rodenas S.A. de C.V., la cual con la complicidad autoridades corruptas ha pretendido y pretende adueñarse de estas ricas y ambicionadas tierras.

Sin tomar en consideración la suspensión otorgada por autoridad competente, una veintena de elementos de la Fuerza Única, fuertemente armados, y apoyados por elementos de la empresa de seguridad privad “Sepromex” desalojaron a los legítimos propietarios y poseedores de dichos predios, porque recibieron “órdenes de la Fiscalía de Guadalajara”, según dijo el Subinspector de la Fuerza Única Regional, Francisco Javier García Moya, quien además arrebató algunos teléfonos celulares de las personas que se atrevieron a filmar los acontecimientos.

“Arrebataron violentamente los teléfonos celulares de algunos testigos tratando de evitar ser evidenciados ante la opinión pública ya que estaban echando fuera de la propiedad privada a mujeres, niños, ancianos que acompañaban al padre de los propietarios mientras sus trabajadores hacían labores de limpieza en los predios que son de legitima propiedad privada de una familia de Guadalajara”, explicó Gerardo Fonseca Álvarez.

“Mientras que en otros estados los gobernantes roban dinero del erario, en Jalisco roban nuestras tierras y esto es más grave aún. Afortunadamente la SEMARNAT y el Ayuntamiento de La Huerta evitaron que se robaran la playa de Tenacatita; pero la Fiscalía General, esta coludida con empresarios del ramo inmobiliario para robarse las propiedades privadas de la costa de Jalisco, tal como lo hizo en su momento el Ex - Gobernador Emilio González, por lo que esto prueba que la Fiscalía General sigue desde el sexenio pasado a merced del mejor postor para saquear nuestras tierras y nuestras playas”, añadió el afectado.

Y remató: “Tal parece que la administración de Gobierno actual, fuera una continuidad de la administración de Emilio González, al menos en los grandes negocios de nuestra clase política que necesita un brazo armado”.

Finalmente informó que este Lunes 5 de diciembre interpusieron denuncias, de carácter criminal y desacato, ante la PGR y ante el Juzgado de Distrito, en contra del Fiscal General, el Comisionado de Seguridad Publica, el Comisario regional de la Fuerza Única y los Policías a su cargo así como la empresa “Sepromex”.