En rueda de prensa, la Diputada Federal Norma Edith Martínez
Guzmán señaló que, en los últimos años, en México han habido casos donde el
“fuero constitucional” ha sido mal interpretado; como fue lo sucedido en el año
2009, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, tras un
amparo promovido por Manuel Bartlett contra el entonces Diputado Federal Germán
Martínez, que la inviolabilidad no protege al legislador en caso de difamación
o calumnias.
Otro caso se presentó en 2010, en el que diputados del PRD se ven
involucrados en el encubrimiento del entonces electo diputado Julio César Godoy
Toscano, medio hermano del gobernador Leonel Godoy, con la finalidad de que
obtuviera el “Fuero Constitucional” y evadir así al orden de aprehensión
ejecutada en su contra por parte de la Procuraduría General de la República,
por la supuesta participación en actos delictivos del fuero común.
Y, el más reciente de ellos, cuando el pasado domingo 01 de mayo,
el Diputado del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Aubry de Castro
Palomino, supuestamente amenazó con un arma de fuego a un civil por no ceder el
paso a un vehículo. Luego, este se acogió a la protección de la justicia
federal contra cualquier acto de molestia por parte de la Fiscalía General del
Estado de Jalisco y otras autoridades, además, contra cualquier orden de
aprehensión, localización o comparecencia, quedando en libertad e indiferente
ante la situación. “No soy Ministerio
Público para decir quién es culpable y quien no lo es, pero a veces la
evidencia es tan clara que grita justicia”, expresó la Diputada.
Como protesta, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social
presentó una iniciativa ante el Congreso que busca delimitar el fuero y
suprimir este tipo de casos donde los líderes políticos se creen intocables y,
sin vergüenza alguna, cometen actos delictivos a sabiendas que, si llegaran a
ser descubiertos, lo único que se requiere para salir impune es solicitar un
amparo. “La sola eliminación del término
“Fuero Constitucional” de la normatividad mexicana, se convertiría por sí sola,
en un avance fundamental en las leyes que norman el actuar de los legisladores
y demás servidores públicos mexicanos que también son elegidos y designados por
la voluntad popular” indicó Martínez Guzmán. “Su sola eliminación permitiría una delimitación más clara y precisa de
las otras figuras jurídicas”.
La Diputada indicó que, actualmente hay mil 854 funcionarios
públicos gozando de la inmunidad procesal; entre ellos, el titular del Poder
Ejecutivo, los Legisladores del Congreso de la Unión, los 500 Diputados, los
128 Senadores, los 11 Ministros del Poder Judicial, los 7 Magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 7 Consejeros de la
Judicatura Federal, los 20 Secretarios de Estado y los 66 integrantes de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Así también, el Procurador General de la República, el Procurador
de Justicia del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los
11 integrantes del Instituto Nacional Electoral, los mil 71 diputados de los 31
Congresos Locales, y los 31 gobernadores; quienes, con malas intenciones,
podrían malinterpretar el derecho al fuero convirtiéndolo en impunidad, en un escudo
para el pago de prebendas de muchos políticos, como ex Gobernadores, ex
Secretarios de Estado, ex Ministros; quienes buscaron en su momento ser
legisladores para evitar ser procesados por diversos delitos cometidos durante
su encargo y en el ejercicio del mismo.
En estos momentos, la iniciativa presentada por el Presidente
Nacional de Encuentro Social, Hugo Erick Flores está en proceso de
dictaminación. La bancada espera que en el siguiente periodo legislativo, en
septiembre del presente año, se apruebe por unanimidad o de lo contrario, sería
muy evidente que ciertas fracciones necesiten esta protección ante actos delictivos,
esto indicaría que, en sus filas resguardan políticos deshonestos. “No ha sido fácil”, comentó Edith
Martínez. “Algunos partidos han mostrado
resistencia pero no vamos a parar hasta que esto se haga realidad”.
En
caso de que esta iniciativa sea rechazada, la Diputada invita a la ciudadanía a
exigir justicia.
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