viernes, 4 de diciembre de 2015

FISCALÍA ACLARA HOMICIDIO DE TAXISTA DEL SITIO 22 Y CONSIGNA A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

Por su presunta responsabilidad por los delitos de homicidio calificado y los que resulten, la Fiscalía General del Estado consignó al Juzgado de Chapala a Luis Miguel Rentería Cortés, elemento activo de la Fuerza Única Regional, y Javier Carretero Zaragoza, expolicía municipal de Chapala, presuntos responsables de la muerte de un taxista del sitio 22 ocurrido el pasado 16 de julio.
Así lo informó el Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez, quien destacó el  éxito del trabajo realizado por elementos de la Policía Investigadora como de las áreas Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Desaparición de Personas y de Robo a Vehículos.
“Reafirmar la actuación que hemos venido haciendo, que además de ser una instrucción de Gobernador del Estado particularmente, pero también una convicción personal, el de estar hablando siempre con la verdad y plantear las cosas como son, para a partir de ello encontrar las soluciones que corresponden y aplicar también las medidas que correspondan”, concluyó.
Sobre los hechos, el pasado 16 de julio los indiciados contrataron a Gabriel Josué Casillas Gaspar para que los trasladara al municipio de Chapala por una cierta cantidad de dinero, y posteriormente le solicitaron los llevara al poblado de El Rodeo, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos,  a lo que el trabajador del sitio accedió cobrándoles la misma cantidad.
Esto molestó a los ahora expolicías, uno de los cuales le pidió que lo condujera a su casa y al llegar a una brecha de El Rodeo intentaron abandonar el vehículo, pero al oponerse el taxista y tras amenazarlos de avisar a la policía, Rentería Cortés sacó un arma de fuego y le disparó en el abdomen y la cabeza ocasionándole la muerte.

Posteriormente, colocaron su cuerpo en bolsas y lo lanzaron sobre el río Santiago. Rentería Cortés decidió apoderarse del vehículo y Carretero Zaragoza con el celular de la víctima.
Finalmente el cuerpo del taxista fue localizado días después atorado entre carrizales y 10 días después se acreditó su identidad por los exámenes practicados dado el estado de descomposición que presentaba el cadáver.
Almaguer Ramírez agregó que a partir de la fecha de la denuncia y desaparición del taxista, la Fiscalía General inició la indagatoria que derivó en 30 declaraciones con 14 informes de la investigación; se revisaron 156 horas de videos, tanto de las cámaras de la institución como de la Policía de Guadalajara, de centros comerciales y de algunas autopistas debido a que se mencionaba que al ahora occiso le habían solicitado un servicio al municipio de Puerto Vallarta.
Asimismo se contó con la colaboración de autoridades del estado de Nayarit porque se informó de la detección de un vehículo similar en la población de Los Ayala, que sin embargo no era el automotor que se investigaba.
No obstante, el automotor del taxista del sitio 22 fue detectado a través de un chip sobre la carretera a Chapala pintado de otro  color, con diferentes placas,  piezas y documentos sustituidos y con una prenda (cachucha) de la Fuerza Única Regional, por lo que se montó un  operativo de vigilancia, que se mantuvo durante 15 días seguidos las 24 horas del día, hasta que se  detectó que era Rentería Cortés quien lo utilizaba. Posteriormente se detuvo a su cómplice.
Por otra parte, el Fiscal General Almaguer Ramírez informó que del 9 de julio al 30 de noviembre, son 240 los elementos de la Fiscalía General del Estado que, por distintos motivos, han sido consignados o cesados por haber incurrido presuntamente en un delito o falta administrativa grave.
En este periodo son 32 servidores públicos los que han sido consignados ante el juez:
4 agentes del Ministerio Público;
1 policía custodio;
1 policía estatal;
3 policías de la Fuerza Única;
9 policías de la Fuerza Única Metropolitana;
1 policía de la Fuerza Única Regional;
7 policías investigadores;
4 secretarios de agencias del Ministerio Público;
2 policías viales.
Por otra parte, se ha removido, separado del cargo o cesado a 208 servidores públicos, entre ellos 183 que no acreditaron sus exámenes de evaluación, control y confianza. En esta lista se encuentran agentes y secretarios del Ministerio Público, actuarios, un director, abogados y policías custodios, preventivos, investigadores, viales o estatales.

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