J
alisco es líder en materia de transparencia
al cumplir el 100 por ciento de los criterios de la evaluación Índice de
Información Presupuestal Estatal 2015 (IIPE), que realiza entre las entidades
federativas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Con ello, Jalisco refrenda su posición en la
tabla nacional, al ocupar por segundo año consecutivo el Primer Lugar, y en
esta ocasión junto con los estados de Coahuila y Puebla, según informó el
director general del IMCO Juan E. Pardinas, en rueda de prensa nacional
realizada en la Ciudad de México.
Mencionó que existe un nuevo escenario para
las finanzas públicas estatales, pues en el año 2014 el promedio nacional de
los estados en dicho Índice (IIPE) se tuvo una calificación aprobatoria promedio
del 65 por ciento, y para esta edición del 2015 se avanzó
al 76 por ciento de cumplimiento.
Pardinas agregó que el principal propósito de esta
evaluación es la mejora en la calidad de la información de las finanzas
públicas, lo cual implica una nueva interacción entre las administraciones
públicas y el legislativo local durante los procesos de elaboración de los presupuestos
de egresos y leyes de ingresos.
Jalisco obtuvo las mejores
calificaciones debido a que presenta de forma oficial información que permite
conocer cuestiones básicas sobre los recursos que se le asignarán a cada una de
sus dependencias, los tabuladores y sueldos de sus funcionarios y la situación
de su deuda pública.
Además, destacó por la generación e
implementación de las buenas prácticas como el Manual de Gestión y Procesos
para la Evaluación del Presupuesto y una Guía de Acceso a la Información Presupuestal
en sistema “Braille”, elaborado en el estado, y que fueron reconocidos en esta
edición 2015.
El director general del IMCO reconoció
el liderazgo de Jalisco y su compromiso con la transparencia, al entregar el
reconocimiento por el Primer Lugar nacional al Gobierno del Estado, a través de
Guillermo Muñoz Franco, coordinador general de Transparencia del Poder
Ejecutivo, en representación del Gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Para el siguiente año, informó
Pardinas, el IMCO realizará una propuesta a los estados, para formar equipos
técnicos especializados en materia de transparencia presupuestal, con el
objetivo de que esta trascienda y así lograr en algún momento que todos cumplan
al 100 por ciento los criterios presupuestales y con ello terminar con la
opacidad.
Los cinco últimos lugares fueron para
Quintana Roo con el 50 por ciento de cumplimiento, le siguen Michoacán (52 por
ciento), Zacatecas y Distrito Federal (56 por ciento) y Guerrero (60 por ciento).
El coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, Manuel Guadarrama, recordó
que en 2014 terminó la prórroga otorgada a las entidades federativas para
armonizar sus finanzas con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG), y aún se presenta incumplimiento en algunos estados. Jalisco fue una de
las entidades que sí cumplió en estos términos para alcanzar dicho objetivo.
La transparencia presupuestal, es saber cuánto,
cómo y en qué se va a gastar el dinero público,
es fundamental para crear confianza entre los ciudadanos y el gobierno.
Salir de la opacidad es una condición indispensable para mejorar el manejo y distribución
del dinero público, afirmó Guadarrama.
El investigador del IMCO, Diego Díaz, señaló que el
IIPE mide la calidad de la información presupuestal de las entidades
federativas, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad
gubernamental, tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad y fomenta
una serie de buenas prácticas contables, señaló el investigador del IMCO, Diego
Díaz.
En la presentación del IMCO se informó además
que las finanzas públicas estatales presentan cuatro grandes desafíos: alta
dependencia hacia las transferencias de recursos federales; menores
transferencias de la federación a los estados debido a la caída del petróleo; baja
generación de ingresos propios; y creciente deuda pública.
El IIPE evalúa cien criterios
agrupados en 10 secciones que incluyen:
1)
Acceso a las leyes de ingresos y presupuestos
de egresos
2)
Aspectos generales de contenido y estructura
de LI y PE
3)
El uso de clasificaciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
4)
El desglose de recursos destinados a las
dependencias y oficinas de gobierno
5)
Información sobre recursos que las entidades
federativas transfieren a los municipios/delegaciones
6)
El desglose de información presupuestal
destinada plazas y sueldos de funcionarios públicos
7)
La información sobre las condiciones de
contratación de la deuda pública
8)
Los recursos transferidos de la federación a
las entidades federativas
9)
El presupuesto destinado a fideicomisos,
subsidios y programas de las entidades federativas
10)
El
tipo de reglas utilizadas por los gobiernos para realizar ajustes o
reasignaciones del dinero público
Finalmente, IMCO propuso siete puntos
derivados de esta evaluación a las entidades federativas para el cumplimiento
de los criterios que se revisan:
Solicitar que el Consejo Nacional de
Armonización Contable no cambie discrecionalmente normas de contabilidad
gubernamental, exija y permita un mayor nivel de desglose en la información
presupuestal.
Solicitar que los estados asignen cada
peso con base en evaluaciones de resultados y análisis costo-beneficio. Esto
es, implementar el Presupuesto Basado en Resultados en un contexto de recorte
presupuestal.
Exigir que los entes fiscalizadores
locales verifiquen el cumplimiento de la contabilidad gubernamental a todo el
sector público, incluyendo órganos desconcentrados, descentralizados, autónomos
y poderes.
Expedir la legislación secundaria en
materia de disciplina financiera y que la deuda y pasivos estatales se reporte
y contrate conforme a la Constitución.
Elaborar anexos transversales que
permitan dimensionar el gasto público que se destina a las niñas, niños y
adolescentes con base en criterios de la UNICEF.
Actualizar los periódicos oficiales de
las entidades federativas de tal forma que cuenten con un motor búsqueda,
archivos descargables e índices de contenido.
Requerir a los congresos locales la publicación
de los presupuestos de egresos acorde a las normas de contabilidad
gubernamental y responsabilidad hacendaria.
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