El ahora sentenciado, de nombre Juan “N”, también deberá someterse a un tratamiento psicológico en una institución pública y se le prohibió acercarse a la víctima y su familia.
El pasado 1 de marzo y durante los dos días siguientes, en la Sala de Juicios Orales del Centro de Justicia para las Mujeres se desarrolló la audiencia de debate en este proceso judicial, en donde fueron interrogados varios testigos presentados como prueba por parte del Ministerio Público, entre ellos familiares y vecinos, además de elementos policiacos y médicos que fungieron como primer respondiente y atendieron a la víctima, respectivamente.
De acuerdo a la narrativa de los hechos, el 28 de junio de 2016, aproximadamente a las 08:00 horas, la víctima salió de su domicilio, ubicado en la calle Cuauhtémoc de la colonia San Martín de las Flores, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, acompañada de su nieta de ocho años de edad, para llevarla a la escuela.
Cuando había caminado unos pasos, Juan “N” salió de otro domicilio, ubicado a dos puertas del de la víctima, la tomó de los cabellos y comenzó a agredirla hasta tumbarla al piso, con el argumento que era la responsable del daño que sufría su esposa.
Algunas personas salieron en defensa de la víctima y le pidieron al agresor dejara de lastimar a la mujer, por lo que ésta ingresó a su domicilio y fue informada que sobre su cabeza yacía enterrado un desarmador con punta de cruz, el cual fue extraído por personal médico de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde fue llevada para su atención médica.
Por este caso se inició la carpeta de investigación correspondiente y el agente del Ministerio Público acreditó los delitos de violencia familiar y lesiones.
Concluido el desahogo de la audiencia de debate, se emitió el fallo condenatorio en contra de Juan “N”.
El día de hoy se llevó a cabo la audiencia para la individualización de sanciones y reparación del daño, estableciéndose una pena de cuatro años de cárcel para Juan “N”, que deberá purgar en la Comisaría de Sentenciados de la Fiscalía de Reinserción Social. En el caso de la reparación del daño, los juzgadores no encontraron elementos suficientes para imponer una sanción económica.
Cabe señalar que el día de los hechos, Juan “N” se desempeñaba como policía custodio en el centro penitenciario de Puente Grande, motivo por el que se inició un procedimiento administrativo en su contra en la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General, siendo cesado de su puesto el 5 de enero de 2017.
Tanto el Ministerio Público como la defensa del ahora sentenciado tienen un término para apelar esta resolución.
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